Resumen: | Un sistema de justicia operativo y confiable debe contar con personas capacitadas y comprometidas con la función pública, dispuestas a ofrecer de modo eficaz el servicio público que brindan.
Si lo que se persigue es dar respuesta, de la mejor manera y en tiempo razonable, a los conflictos intersubjetivos de intereses, no sólo será necesario contar con magistrados idóneos y probos, sino también con funcionarios y empleados competentes y especializados en las áreas en las que se desempeñen.
La capacitación constante deberá ser, entonces, un requisito a cumplirse desde el cargo de ingreso hasta el de juez. Sólo así los que integran el Poder Judicial(1), en tanto colectivo público, podrán ofrecer (servir) a la ciudadanía una administración de justicia eficiente, tanto en la tramitación y resolución de los casos como en la ejecución de lo decidido.
Ningún cambio de paradigma —como el que se avizora con el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (2)—, podrá provocar per se una transformación seria del sistema judicial si no va acompañado también de un cambio de patrones de conducta de los operadores, receptivo a la necesidad de un mayor profesionalismo. Sus resultados incidirán en una mejor calidad del servicio y se verán beneficiados tanto quienes lo administran como aquellos a quienes va dirigido.
Por ello, el rol que cumplan los operadores del sistema judicial será trascendental, "...si ellos no cambian su 'mentalidad', entonces no habrá reforma judicial"Diario La ley 4/8/15
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